El recurso de agravio constitucional (RAC) es un medio impugnatorio que interpone el afectado con un derecho constitucional ante la denegatoria en segunda instancia de su demanda constitucional (amparo, cumplimiento, etc.) a fin de que el mismo sea revisado por el Tribunal Constitucional (TC). Este recurso no tiene requisitos especiales para su interposición, esto significa que es libre de hacerse en el entendido que los procesos constitucionales hacen primar el fondo a la forma. No es un recurso de casación que sube a la Corte Suprema, el recurso de agravio constitucional sube al Tribunal Constitucional. En el presente modelo he tratado de establecer algunos requisitos, recuerde que sólo se deben de observar los requisitos expresamente previstos en el Código Procesal Constitucional.
AUTOR: FREDDY SERGIO PILLACA HUACLES
Modelo de recurso de agravio constitucional
Secretario
: Rxxx
Expediente :
22000-12-CI
Cuaderno :
PRINCIPAL
Escrito : 05 Sumilla : RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL
SEÑOR
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA:
XXXXXXXXXXXXXX, en
los seguidos contra la MUNICIPALIDAD DE XXXXXXXX, sobre ACCIÓN DE
CUMPLIMIENTO; a Ud atentamente decimos:
PETITORIO
IMPUGNATIVO:
Que, no encontrando arreglada a ley, el auto de vista número 02 de fecha 07
de agosto del 2014, emitida por vuestra sala, notificada a nuestra
parte el 01 de setiembre del año en curso, mediante el cual se confirma el auto
del a quo que declaró improcedente liminarmente la demanda de cumplimiento
interpuesta por nuestra parte; dentro del término legal correspondiente, INTERPONGO RECURSO DE AGRAVIO
CONSTITUCIONAL, a efectos de que los autos sean elevados al Tribunal
Constitucional, esperando que el mismo se pronuncie declarando la nulidad de la
indicada resolución y ordene la admisibilidad de la misma o alternativamente
emita un pronunciamiento de fondo declarando fundada la demanda en todos sus
extremos, en razón de los siguientes fundamentos:
HECHOS:
I. FLAGRANTE INCUMPLIENTO AL
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL ACCESO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA -ARTICULO 139 NUMERAL 3).
1. La acción de cumplimiento, como todos los procesos de
garantía constitucional, tiene como fin esencial garantizar la primacía de la
constitución, constituyendo un mecanismo instrumental compuesto por un conjunto
de actos jurídicos procesales, a través del cual una o varias pretensiones
litigiosas, invocadas por los justiciables, son resueltas por los órganos de la
jurisdicción, aplicando el derecho objetivo, con el objeto de restablecer la
paz social y la justicia. Como tal, dota a los ciudadanos de un instrumento
procesal sumarísimo, ágil y expeditivo, distinto del contencioso
administrativo, por tanto posee una naturaleza jurídica propia que obliga a los
actores procesales a respetar escrupulosamente el orden jurídico que la regula.
2. A
que, el proceso constitucional de cumplimiento esta dirigida a defender la
eficacia de normas legales y/o actos administrativos con calidad de
cosa decidida, que no generan
controversia compleja, y sean un mandato cierto y claro, de indubitable y
obligatorio cumplimiento.
3.
Bajo esta premisa, es necesario identificar que el juez,
como defensor del principio constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva[1],
la legalidad y principal responsable de cautelar el debido proceso[2]. No obstante, declara
improcedente mi demanda y es confirma por la sala superior, en evidente
infracción del derecho al acceso a la justicia, ya que la causal que invoca para la improcedencia de la acción interpuesta
no se encuentra en ningún numeral señalado en el artículo 70 del C.P.Const. ni
mucho menos en el precedente vinculante 168-2005-PC/TC.
4. En
ese contexto; y a efectos de hacer un correcto cuestionamiento del auto de vista
N° 02, se analiza el considerando numeral
2.5 y 2.6, los cuales sirven de sustento del pronunciamiento de la sala
superior:
SOBRE EL ARGUMENTO
EXPUESTO EN EL CONSIDERANDO numeral 2.5: “ (…) se aprecia que quienes
demandan cumplimiento de lo dispuesto en las normas invocadas (segunda
disposición complementaria de la LEY N° 27803 de la Quinta Disposición Final
del Decreto Supremo N° 14-2002-TR y por consiguiente el pago de lo compensación
por Tiempo de Servicios) no son los
titular del derecho alegado -PabloXXXXXX-, sino las herederas del titular del derecho, quienes
pretenden mediante el proceso de cumplimiento el pago de los beneficios
sociales de su causante, cuando tal
pretensión deben hacerlo valer en la vía respectiva y no mediante un
proceso constitucional de cumplimiento, que su ejercicio se encuentra reservado para el titular del derecho”.
Sobre este
argumento, según el razonamiento de
la sala superior: i) el único
que puede interponer la demanda de cumplimiento es el difunto XXXXXXXXX, y no sus herederos; y ii) existe
otra vía para hacer valer dicha pretensión.
Sobre el punto i): no ha tenido en consideración lo señalado el en articulo 67.- Legitimación y representación: “Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con rango de ley y reglamentos. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, sólo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido”. En ese sentido, los actores han acreditado en la demanda DE CUMPLIMIENTO tener un interés por cuanto son herederos de los activos y pasivos de su difunto padre XXXXXX, y al declararse fundada la demanda incoada se procederá en hacer UN NUEVO recalculo de la compensación por tiempo de servicios de su difunto padre, siendo los beneficiarios del mismo todos los sucesores DEL CAUSANTE.
Sobre el punto i): no ha tenido en consideración lo señalado el en articulo 67.- Legitimación y representación: “Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con rango de ley y reglamentos. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, sólo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido”. En ese sentido, los actores han acreditado en la demanda DE CUMPLIMIENTO tener un interés por cuanto son herederos de los activos y pasivos de su difunto padre XXXXXX, y al declararse fundada la demanda incoada se procederá en hacer UN NUEVO recalculo de la compensación por tiempo de servicios de su difunto padre, siendo los beneficiarios del mismo todos los sucesores DEL CAUSANTE.
Sobre el punto ii): la reiterada línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional
ha emitido pronunciamiento sobre esta pretensión determinando que si resulta procedente el proceso de
cumplimento por cuanto lo que se exige es el cumplimiento de una norma que se
encuentra dentro de los parámetros del precedente vinculante STC
00168-2005-PC/TC. Véase las
siguientes sentencias:
v EXP. N.°
04440-2011-PC/TC-LIMA. ABRAHAM MARCOS QUISPE HUAMÁN Y OTRO.
v EXP. N.°
08253-2006-PC/TC-LIMA. VERÓNICA CELINDA ESCUDERO PACHECO.
v EXP. N.°
00717-2011-PC/TC- LIMA. ELARD VALENCIA CHÁVEZ.
v EXP. N.°
01566-2010-PC/TC- LIMA. MARICELA MANUELA FERNÁNDEZ ÑÍQUEN.
v EXP. N.°
04211-2011-PC/TC- UCAYALI. WAGNER PILCO PANDURO.
SOBRE EL ARGUMENTO
EXPUESTO EN EL CONSIDERANDO numeral 2.6: “(…) que las
recurrentes no han señalado cuales
son los derechos fundamentales presuntamente violados o amenazados con
el incumplimiento de las normas legales que invocan, esto es, no han precisado
cual es la afectación concreta, por consiguiente, carecen de interés y
legitimidad para obrar, ya que no tienen la condición de afectadas pues no son
titulares de los derechos que exigen su cumplimiento.
5. Sobre este argumento, es preciso señalar que los
actores en su calidad de sucesores del señor Pablo Marcas Ichpas están
recurriendo vía proceso constitucional
de cumplimiento a efectos de defender la eficacia de una norma legal que
reconoce derechos a su finado padre (se cumpla con lo dispuesto por
la Segunda Disposición Complementaria de la Ley nro. 27803 y de la Quinta
Disposición Final del Decreto Supremo nro. 14-2002-TR); debiéndose precisar que la norma cuyo
cumplimiento se solicita no está sujeta a controversia compleja, ya que ellas
contienen un mandato cierto y claro, de indubitable y obligatorio cumplimiento;
de conformidad a las exigencias establecidas en el precedente vinculante STC N°
168-2005-AC/TC.
6. En
suma, lo que los accionantes están solicitando en su demanda es que la emplazada
cumpla con la norma que dispone que la compensación por tiempo de servicios del
causante Pablo, quien se encuentra inscrito en la relación de trabajadores
cesados irregularmente (conforme se acredita con los medios probatorios que
acompañan a la demanda y la apelación, que don Pablo es uno de los
beneficiarios de esta ley), y por lo cual su CTS debe ser calculado (su
compensación por tiempo de servicios) acorde al sustento normativo del D.L. 650
y no con el D.L. nro. 276 (no correspondía la aplicación del D.L. nro
276 al señor Pablo para el cálculo de su compensación por tiempo de servicios,
no obstante de ello lo realizó la demandada contraviniendo la normatividad que
ahora se pide su estricto cumplimiento). Por ello, los argumentos
esgrimidos por el a quo y a quem devienen en nulo por no haber realizado una
correcta valoración del petitorio y los fundamentos fácticos en las cuales se
amparan los recurrentes.
7. Bajo esta premisa, es necesario identificar que el a quo y a quem deben tener una función principista siendo defensores de la legalidad y principales responsables de cautelar el debido proceso aplicando una debida motivación de los autos y sentencias que expiden, procurando resolver con imparcialidad los conflictos de intereses con relevancia jurídica; respetando escrupulosamente lo peticionado por el actor y valorar concienzudamente las pruebas aportadas.
7. Bajo esta premisa, es necesario identificar que el a quo y a quem deben tener una función principista siendo defensores de la legalidad y principales responsables de cautelar el debido proceso aplicando una debida motivación de los autos y sentencias que expiden, procurando resolver con imparcialidad los conflictos de intereses con relevancia jurídica; respetando escrupulosamente lo peticionado por el actor y valorar concienzudamente las pruebas aportadas.
8. A
modo de término, es pertinente
señalar que lo pretendido se encuentra dentro del marco normativo desarrollado
en el proceso de cumplimiento y de conformidad a lo acreditado con la reitera
jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional (que se adjuntó como
anexos de la demanda), además, lo peticionado por los actores resulta justo y
razonable, ya que como consecuencia de estimarse la presente acción incoada, se
cumplirá con un dispositivo normativo que de alguna manera trato de reconocer
derechos de los trabajadores que fueron despedidos arbitrariamente en el
régimen del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. Siendo ello así,
resultan amparable lo peticionado ya que tiene como finalidad hacer cumplir una
normatividad.
9. En
consecuencia, de los argumentos precedentes narrados se puede colegir que la resolución
de vista fue emitida contrario a derecho, con arbitrariedad, en contravención
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, a fin de impedir el acceso a
la justicia y la cual está causando un grave perjuicio al recurrente por la
dilación de la presente causa.
II. De la
contravención al debido proceso:
Se
incurre en error en el punto 2.5 Y 2.6 de los considerandos de la resolución de
vista por lo siguiente:
1. Como se puede observar, lejos de verificar la
existencia de una vía satisfactoria, se
emite un pronunciamiento sobre el fondo, situación que se debió de dar
una vez admitida a trámite la demanda, más aún cuando tales argumentos lejos de
resolver el contenido de la resolución 01 procedieron a resolver cuestiones que
ni siquiera han sido planteadas en el recurso de apelación, afectándose el
principio de imparcialidad.
2. El error más evidente lo encontramos cuando
se indica “los actores carecen de interés y legitimidad para obrar, existen otros vías (…)”. Como se puede observar para poder hacer
el análisis al que se hace referencia se requería de contradictorio (excepcionar),
tal como lo establece el penúltimo párrafo del Artículo III del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional que indica “Cuando en un proceso
constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe
declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su
continuación”
3. En el presente caso, lejos de aplicarse el
principio pro actione se ha tratado en el presente proceso con principios del
derecho procesal civil olvidando que nos encontramos en un proceso
constitucional.
III. la contravención del principio de
prohibición de la reforma en peor:
1. El primer error que se verifica
es el contenido en los considerando 2.5 y 2.6, por cuanto lejos de revisar sólo
lo indicado en la resolución de improcedencia liminar de la demanda, se ha
procedido a revisar erradamente: a) la concurrencia del contenido
constitucional de la pretensión, b) la legitimidad para obrar e interés de los
actores, y c) si esta es la vía idónea para cautelar las alegadas violaciones.
2. En efecto, la
resolución que declaró improcedente mi demanda sólo declaró improcedente
la demanda por considerar que no cumple con los requisitos establecidos por el
precedente vinculante STC N° 168-2005.AC/TC (véase el octavo considerando de la
resolución 02)
3. Incluir como análisis de mi
recurso de apelación la falta de legitimidad para obrar e interés para obrar, y
la concurrencia del contenido constitucional de la pretensión, es contravenir
el principio REFORMATIO IN PEIUS, POR CUANTO SE HA PRODUCIDO UNA REFORMA EN
PERJUICIO DEL DEMANDANTE.
III. NATURALEZA DEL AGRAVIO:
La resolución de vista N° 02,
materia de recurso de agravio constitucional me causa agravio porque al confirmar
la improcedente liminar de la demanda de manera irregular (indebida) y con una
evidente falta de motivación e incongruencia, se está afectando mi derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso.
IV. SUSTENTO JURÍDICO DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATIVO:
Mi pretensión se sustenta principalmente
en la siguiente norma legal:
El artículo 18 del Código Procesal Constitucional establece que: “Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional (…)” De esta manera, interpongo recurso de agravio constitucional en contra del AUTO DE VISTA N° 02 que desestima por improcedente mi demanda.
El Principio de la plenitud, como aquel principio que señala que el superior tiene las mismas
facultades que el inferior, de tal manera que puede examinar la demanda en todo
sus aspectos, analizar nuevamente la prueba y analizar cuestiones no
consideradas por el inferior, pues el recurso de apelación tiene por objeto que
el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero
legitimado, la resolución que le produzca agravio de conformidad con el
artículo 364 del Código Procesal Civil. (F. 2).
Falta
de motivación interna del razonamiento:
tiene una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una
inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su
decisión; y por otro lado, cuando existe incoherencia, que a la postre se
presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo
coherente, las razones en las que apoya la decisión. (STC 03043-2006-PA/TC, F.
4).
Falta de motivación externa: cuando las premisas de las que parte el juez no han
sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica
–problemas en las pruebas o de
interpretación de la norma- (STC 00728-2008-PHC/TC, F. 7).
Por
tanto:
Señor Presidente, solicito se
sirva admitir el presente recurso de agravio constitucional, a fin de que el
Tribunal Constitucional lo examine y proceda a revocar y/o anular la resolución
de vista.
PRIMER OTROSI DIGO: El presente proceso ha existido dilaciones
innecesarias por parte del a quo, quien demoró en exceso la elevación del
cuaderno principal al a quem, sin causa que lo justifique y lo cual se pone de
conocimiento del Tribunal Constitucional para las recomendaciones
correspondientes (inicio del proceso
2012 y recién en el 2014 se eleva el cuaderno de improcedencia liminar a la
sala superior).
SEGUNDO OTROSI DIGO: Tenga presente lo dispuesto por el Código Procesal
Civil: artículo II último párrafo del Título Preliminar (impulso del proceso),
artículo 50º (deberes de los jueces), 124º (plazos máximos para emitir
resolución), artículo 145º inc. 3) (falta grave); todos ellos concordados con
el artículo 201º de Ley Orgánica del Poder Judicial.
TERCER OTROSI DIGO: Adjunto
anexos: i) Sentencia N° 04440-2011-PC/TC (VÉASE FUNDAMENTO 4), ii)
Sentencia N° 04168-2011-PC/TC (VEASE FUNDAMENTO 4), y iii) Informe N° 015-2012-MTPE/2/14,
expedido por el Ministerio de Trabajo.
Lima,
12 de setiembre de 2014
__________________
XXXXXXXXXXXX
DNI N° 09511304
[1] (...) en nuestro ordenamiento constitucional, la tutela jurisdiccional
es un derecho "continente" que engloba, a su vez, 2 derechos
fundamentales: el acceso a la justicia y el derecho al debido proceso. Fuente:
STC 0015-2001-AI/TC
[2] Alcances
del derecho al debido proceso sustantivo: Recogiendo el desarrollo de esta
institución en el Common Law, en el Perú se sostiene, actualmente, que
el debido proceso tiene dos dimensiones: una procesal y una sustancial.
La
dimensión procesal es aquella que engloba las instituciones jurídicas
necesarias para obtener un proceso formalmente válido, por ejemplo, juez
natural, derecho de defensa, cosa juzgada, derecho a probar, la prohibición de
la reforma en peor, etcétera.
Por otra
parte, nos encontramos con la DIMENSIÓN
SUSTANCIAL DEL DEBIDO PROCESO. En este sentido, nuestra jurisprudencia
constitucional ha afirmado que ella se vincula directamente con el principio de razonabilidad y proporcionalidad
de los actos de poder, los que determinan la prohibición de cualquier decisión
arbitraria, sin importar si ésta fue emitida dentro o fuera de un proceso o
procedimiento. http://www.justiciaviva.org.pe/justmail/Proyecto%20Justicia%2034.pdf
